José Vilchis Guerrero
* Juan Camilo Mouriño Terrazo retiró, en un hecho sin precedente, la controversia constitucional que interpuso Ramírez Acuña, cuando despachaba en Bucareli, para impedir que la Auditoría Superior de la Federación pudiera investigar la entrega de los turbios permisos para juegos y sorteos que expidieron el ahora coordinador de los senadores panistas y Carlos Abascal.
A la llegada de Juan Camilo Mouriño se produjo un hecho sin precedente al anunciar la Secretaría de Gobernación (Segob) el retiro de una controversia constitucional por juegos y sorteos que interpuso en 2007 el entonces titular de esa dependencia, Francisco Ramírez Acuña.
Mediante ese recurso, la dependencia trató de frenar las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los permisos para casas de apuestas que autorizó entre 2004 y 2005 el entonces secretario, Santiago Creel. A su llegada a la Segob se institucionalizó el juego de azar en nuestro país.
Hasta la administración de Ernesto Zedillo, las apuestas en México estaban reservadas para ciertas ocasiones o de plano operaban en la clandestinidad. Durante el 2004, al hacerse patentes las aspiraciones presidenciales de Creel Miranda, los permisos para la operación de casas de juego se agilizaron, sobre todo para beneficiar al monopolio de Televisa, en busca de su apoyo para buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.
Bajo la batuta de Creel, en menos de un año, la Segob entregó 160 permisos para la apertura y operación de salas de juego. Tan sólo una semana antes de renunciar a su cargo autorizó siete licencias con vigencia de 25 años para la operación de más de 200 establecimientos en distintas regiones del país.
Por la forma en que se entregaron los permisos, en junio de 2004 la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que Creel explicara cuántos permisos autorizó, a quién, bajo qué ley y a cambio de qué.
Al no haber respuestas ni transparencia en los trámites, los legisladores presentaron una controversia constitucional en contra del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos que entró en vigor en octubre de 2004 para tratar de revertir la entrega indiscriminada de permisos.
Al ser relevado por Carlos Abascal, éste anunció auditorías administrativas sobre estos permisos. Pero lejos de conocerse la verdad, el sustituto otorgó durante su gestión otros 146 permisos bajo las mismas condiciones que Creel, y también fue cuestionado por los legisladores, pero no pasó a mayores, porque el sexenio de Vicente Fox terminó.
Durante la actual administración, la Segob no ha entregado nuevos permisos. Sin embargo, en el breve lapso en que Francisco Ramírez Acuña encabezó la dependencia, presentó una controversia constitucional para impedir que la ASF pudiera investigar la entrega de los permisos por parte de sus antecesores y también hizo todo lo posible para no entregar la información que le solicitaban.
Cuando fue entrevistado el senador Creel en torno a la disposición, dijo –con la mirada perdida frente a las cámaras– que apoyaba lo que se determinara en la Segob e hizo a un lado a los reporteros con un ligero empujón.
Persisten solicitudes
En los archivos de la Dirección de Juegos y Sorteos, dependiente de la Segob, están los siete expedientes de los permisos concedidos a las empresas Promociones e Inversiones de Guerrero (que operará 53 salas de apuestas), Mío Games (10), Eventos Festivos de México (20), Promojuegos de México (10), Juega y Juega (18), Apuestas Internacionales (filial de Televisa, 65 establecimientos) y Entretenimiento de México (30).
Cuando se suscitó el escándalo, estaban pendientes de resolución las solicitudes de empresas que buscaban otros permisos de este tipo: Promotora Mexicana de Entretenimiento, Femalamex, Promociones Recreativas Mexicanas, Centro de Entretenimiento de Cabo, Sistemas Electrónicos de Esparcimiento, Administradora Mexicana del Hipódromo, Hipódromo del Sudeste, Administradora Jai Alai, Jack Gane, tv Bingo, tv Sports y Espectáculos Deportivos Frontón México, que representarían 417 centros de apuestas.
Por lo que legalmente se infiere, los empresarios que ahora gozan de las licencias no tienen problema si es que no se revierte la realidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no se podrán revocar estos permisos que a todas luces fueron favorecidos por la discrecionalidad que brinda el actual reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, instrumento que utilizó Creel para expedirlos.
El exlegislador perredista Arturo Nahle García, quien fue integrante de la comisión de investigación del caso en la Cámara de Diputados, que se creó en 2006 para revisar la legalidad de los permisos, recordó que lleva medio año la controversia y no ha resuelto la SCJN, tiempo que Creel aprovechó para despacharse otorgando permisos, como también después hizo su sucesor Carlos Abascal.
Dijo que los negocios de apuestas han proliferado en los sótanos del crimen organizado debido a que la Ley de Juegos y Sorteos data de 1947 y en las últimas cuatro legislaturas no se aprobó una nueva, pero ya se encuentra una iniciativa en proceso de análisis en las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
En los hechos y en la Ley de Juegos y Sorteos están prohibidas las apuestas, pero el reglamento le da la facultad a la Secretaría de Gobernación para autorizar los permisos. De esta forma, las ferias tradicionales como la de San Marcos, donde se realizan peleas de gallos, carreras de caballos y apuestas, solicitan el permiso y se amparan con el trámite, aunque al finalizar la fiesta la autorización es negada y el problema también termina.
Según las cifras negras, existen más de mil 500 casas de juego que operan en todo el país de manera irregular. Por lo que desde la anterior legislatura de la Cámara de Diputados buscan meter orden y reformar el reglamento para que haya un régimen fiscal con reglas claras, transparentes y parejas.
Durante la administración de Fox, la Segob otorgó 306 permisos para la operación de centros y juegos de apuestas a siete grupos empresariales, mientras que en sexenios anteriores se otorgaron sólo 116 a 16 permisionarios para la operación de hipódromos, galgódromos, frontones, books y bingos.
Se cuentan, entre otros, el Hipódromo de Agua Caliente, Libros Foráneos, Operadora de Apuestas Caliente, Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora de Espectáculos Deportivos, Grupo Océano Haman, Operadora Cantabria, Impulsora Géminis, que dirige Eduardo Hernández Triana.
Además Atracciones y Emociones Vallarta, que preside Raúl García de Alba Baca; Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos Riva Palacio Magaña; Administradora Mexicana de Hipódromos, de Gabriel Lecumberry Pando; Comercial de Juegos de la Frontera, de Miguel Fernando del Río Liquidano; Espectáculos Deportivos de Occidente; Divertimex, a cargo de Faustino Islas Ponce; Espectáculos Deportivos de Cancún y Cesta Punta Deportes.
Fue en el sexenio de Luis Echeverría cuando el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, brindó toda la protección a las empresas Hipódromo Agua Caliente e Impulsora Géminis, propiedad de Jorge Hank Rohn, y que les fueran autorizados sus permisos.
El paraíso está en Monterrey
Según datos difundidos por la Segob a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Nuevo León es uno de los estados donde hay más centros de apuestas desde 1990. Libros Foráneos, Operadora Cantabria y Administradora Mexicana de Hipódromos son las empresas que tienen establecimientos en esta entidad, entre los que destacan los de apuestas remotas y salas de sorteos de números. De acuerdo a la misma fuente, las empresas que consiguieron permisos en sexenios anteriores enfrentan procesos administrativos por incumplimiento.
Un reporte de Richi Chávez Muñoz, en Casino Internacional on line, precisó que ha estado visitando México por más de ocho años con el objetivo de ver la forma más idónea de operar salas de juego, y ha estado en Monterrey desde el inicio porque en esta vibrante ciudad funcionaban salas de juego con máquinas donde se pagaba con boletos para cambiarlos por premios en negocios de “a la vuelta”.
El experto en juegos de azar explicó que si los negocios que pagaban los premios eran relacionados con las salas de juego que los daban, no tiene relevancia en este argumento. “Reste decir que el formato permitido por las autoridades locales de Monterrey no era estrictamente legal como lo establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947”.
Relató: “Cuando abogados en México nos presentaron la ‘forma’ para operar salas de juego en Monterrey y otras ciudades de México usando para esto resoluciones judiciales, decidimos esperar al otro lado del Río Grande conjuntamente con nuestra inversión, hasta que se legisle el juego propiamente. La decisión la tomamos con base en nuestra responsabilidad hacia los inversionistas de una empresa pública cotizada en bolsa. Uno se imagina que habiendo tenido un fondo privado, de repente uno se aventuraba a jugarse unos millones abriendo salas de juego, pero en nuestra industria quienes juegan no son los operadores o inversionistas”.
Chávez Muñoz precisó que quienes inviertan en negocios de juego que no tengan autorizaciones emitidas por la Segob se encuentran en un área indefinida de la ley, donde reinan cuestionadas resoluciones judiciales y permisos municipales.
Reiteró que los negocios bien pueden estar haciendo millones, pero esto no quiere decir que todo sea color de rosa. El asesinato del propietario de una de las salas de juego más grandes en México hace menos de un mes (no lo identificó Chávez Muñoz) es una muestra de que donde el reglamento o la ley no son claros, funciona la ley de la selva.
Anteriormente, a principios de junio, comandos armados habían asaltado varios locales en Monterrey y otras ciudades dando muerte a clientes. “En estas situaciones de inseguridad legal, la seguridad, que es el elemento principal en el sector, no puede llevarse con eficiencia”, concluyó.
El barco casino de Fidel Herrera
Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea un largo reportaje en el que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, hizo negocios en el ramo de los juegos de apuestas, a bordo de un barco casino, frente a las costas del Golfo de México, apoyado por funcionarios federales.
Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de Veracruz y de Cancún, tejieron una red de corrupción en torno al buque Fiesta Casino, del consorcio estadunidense Fiesta Cruise Line, el primero en su tipo que operaría en México como centro de apuestas, señala el texto.
Describe que bajo el fuego de un sol perenne, buque Fiesta Casino yace en penumbras, sin combustible, agua dulce ni comida. El salitre carcome el casco, las sogas de amarre están podridas, el motor principal no sirve y perdió el ancla. Cien metros de eslora confinan un hedor de años de francachela y meses de abandono.
“El olor a cigarro, alcohol y sudor impregnados en la gruesa alfombra que reviste el piso, en el tapiz de las paredes y en cortinas que cubren las pequeñas claraboyas, atizan la alta temperatura y hacen más nauseabundo el ambiente. La Organización Marítima Internacional lo registró como “buque muerto”, pero la tripulación aún permanece abordo, junto a su capitán, Eddy Narciso Gómez, abandonados por los armadores y hoy son víctimas de la corrupción de funcionarios mexicanos”.
Refiere que el capitán vive desde hace meses a bordo de la embarcación que está bajo arraigo judicial por una denuncia de los trabajadores contra los armadores del Fiesta Cruice Lines, y sus filiales Trident Gaming Development, MHD Enterprise LLC, y MHD Mexicana, por abandonarlos sin pagarles en meses, en el juicio radicado en un juzgado de Veracruz, lo que significa que el barco no puede ser movido ni su tripulación abandonarlo.
Precisa el texto que con el arribo del Fiesta Casino a territorio mexicano, hace dos años, se tejió una maraña de corrupción de funcionarios de alto nivel encabezada por el actual coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel Miranda, y funcionarios de la SCT.
“Como parte de los permisos para juegos y sorteos que en forma discrecional autorizó Creel, como secretario de Gobernación, a la firma Fiesta Cruise Line le prometió una licencia para explotar casinos flotantes en zonas marítimas de México, similares a los que el consorcio opera en Estados Unidos y Panamá”.
De acuerdo con esta versión, el permiso se daría a través de la empresa MHD Mexicana, representada por los estadunidenses James Joseph Monaghan y Santiago Beamount, y los mexicanos Alexandro Picón Ocaña, Manuel Camargo y Leopoldo Suárez, todos con influencias en el gobierno de Quintana Roo, y vinculados al exalcalde de Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea, y al exgobernador Joaquín Hendricks.
James Monaghan declaró que el consorcio tenía un amparo para que el barco abriera el casino, en tanto que la Segob les entregaba el permiso final, y que Fidel Herrera gestionaba para que el Fiesta Casino operara en Veracruz. Además, que el consorcio planeaba instalar barcos similares en Puerto Vallarta, Acapulco y Cancún.
El secretario de Turismo local, Gustavo Souza, declaró a la prensa que el gobernador aprobaba el proyecto porque el casino era una fuente de empleo para 500 personas, y que abriría “en unos días”.
Entonces, el director adjunto de la Marina Mercante, Raymundo Mata Contreras, se reunió con Fidel Herrera y con el capitán Eddy Gómez, a quien exhortó a que la tripulación abandonara el navío.
Ysmael García Muñoz, secretario general de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, denunció que Mata Contreras negoció con Fidel Herrera empantanar la denuncia que enfrenta por fraude en Veracruz, a cambio de que la SCT no denunciara la complicidad de los empleados del gobernador con la empresa. Así, Fidel Herrera tendría otras ganancias, concluye Ana Lilia Pérez, quien cuenta una larga y detallada historia de la complicidad de Fidel Herrera con funcionarios federales.
